La llegada de la Televisión Digital Terrestre (TDT) no ha evitado que canales ilegales o también llamados 'piratas' continuasen haciendo un suculento negocio con la emisión de contenidos relaciones con el tarot o la pornografía, incluso en horario de protección infantil. Según la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual (LGCA), “la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónicos, televisivos y conexos cuando se presten mediante ondas hertzianas terrestres necesitarán licencia previa otorgada mediante concurso por la autoridad audiovisual competente". La emisión sin disponer del correspondiente permiso constituye una infracción muy grave que puede sancionarse con multa de entre 500.001 y 1.000.000 euros, según reflejan los artículos 57 y 58 de la referida norma.
Aunque la ley es clara, la falta de un exhaustivo control institucional tras la implantación de la TDT en España ha hecho proliferar televisiones piratas que ocupan espacio radioeléctrico sin ningún tipo de autorización, llegando a existir muchas televisiones en comunidades autónomas que operan sin la pertinente licencia y dedican su programación exclusivamente a espacios de videncia, tarot, pornografía y televenta. Generalmente ofrecen este tipo de contenidos acompañados de "banners", invitando a enviar mensajes SMS oa llamar a servicios eróticos. Según la LGCA, este tipo de programas no pueden emitirse en determinadas franjas de protección de menores, "pero estas empresas hacen caso omiso de tales limitaciones", según reconoce la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes (ATR).
En Galicia, el control de estas emisiones es una competencia compartida. El Ministerio de Industria se encarga de ordenar el espectro radioeléctrico y la Xunta de Galicia tiene la potestad para conceder las licencias y ejerce la capacidad sancionadora en caso de infracción a través de la Secretaría Xeral de Medios. Pero las cuantiosas multas a las que una empresa ilegal se puede enfrentar no parece frenar las ansias de hacer negocio de manera ilícita. "A Xunta de Galicia actúa inmediatamente ante o coñecemento da existencia dunha televisión ilegal. Na actualidade, temos televisións ilegais pechadas, outras que están a ser inspeccionadas e algunha en proceso xudicial", afirma la Secretaría Xeral de Medios. Sin embargo, basta con un barrido con el mando a distancia para comprobar que canales 'piratas' continúan emitiendo. "No caso concreto de Ourense, tense pechado algunha televisión ilegal trala inspección e, na actualidade, estanse a inspeccionar catro posibles emisoras clandestinas sobre as que, no caso de que se demostre a súa ilegalidade, comezará o proceso de peche e sanción", añade la secretaría xeral.
La Xunta insiste que todas las denuncias de infracción presentadas son atendidas: "De seguido, ábrese a fase de investigación e, de ser o caso, incóase o preceptivo expediente sancionador contra os responsables". Pero también reconoce que la tarea de vigilancia no es fácil: "A maior complexidade está en identificar á empresa ou responsable das emisións, o responsable dos contidos emitidos. A raíz das denuncias que chegan, de ser o caso, incóanse os preceptivos expedientes sancionadores, pero sempre coas garantías xurídicas necesarias, o que fai que sexa un procedemento complexo e longo".
Aunque la ley es clara, la falta de un exhaustivo control institucional tras la implantación de la TDT en España ha hecho proliferar televisiones piratas que ocupan espacio radioeléctrico sin ningún tipo de autorización, llegando a existir muchas televisiones en comunidades autónomas que operan sin la pertinente licencia y dedican su programación exclusivamente a espacios de videncia, tarot, pornografía y televenta. Generalmente ofrecen este tipo de contenidos acompañados de "banners", invitando a enviar mensajes SMS oa llamar a servicios eróticos. Según la LGCA, este tipo de programas no pueden emitirse en determinadas franjas de protección de menores, "pero estas empresas hacen caso omiso de tales limitaciones", según reconoce la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes (ATR).
En Galicia, el control de estas emisiones es una competencia compartida. El Ministerio de Industria se encarga de ordenar el espectro radioeléctrico y la Xunta de Galicia tiene la potestad para conceder las licencias y ejerce la capacidad sancionadora en caso de infracción a través de la Secretaría Xeral de Medios. Pero las cuantiosas multas a las que una empresa ilegal se puede enfrentar no parece frenar las ansias de hacer negocio de manera ilícita. "A Xunta de Galicia actúa inmediatamente ante o coñecemento da existencia dunha televisión ilegal. Na actualidade, temos televisións ilegais pechadas, outras que están a ser inspeccionadas e algunha en proceso xudicial", afirma la Secretaría Xeral de Medios. Sin embargo, basta con un barrido con el mando a distancia para comprobar que canales 'piratas' continúan emitiendo. "No caso concreto de Ourense, tense pechado algunha televisión ilegal trala inspección e, na actualidade, estanse a inspeccionar catro posibles emisoras clandestinas sobre as que, no caso de que se demostre a súa ilegalidade, comezará o proceso de peche e sanción", añade la secretaría xeral.
La Xunta insiste que todas las denuncias de infracción presentadas son atendidas: "De seguido, ábrese a fase de investigación e, de ser o caso, incóase o preceptivo expediente sancionador contra os responsables". Pero también reconoce que la tarea de vigilancia no es fácil: "A maior complexidade está en identificar á empresa ou responsable das emisións, o responsable dos contidos emitidos. A raíz das denuncias que chegan, de ser o caso, incóanse os preceptivos expedientes sancionadores, pero sempre coas garantías xurídicas necesarias, o que fai que sexa un procedemento complexo e longo".
SANCIONES
"Xa se dictaron varias sancións por parte da Xunta de Galicia, que no caso das televisións clandestinas supoñen unha multa de entre 500.001 e 1.000.000 de euros, así como o cese e precintado dos equipamentos utilizados", añade la Secretaría Xeral de Medios.
En Andalucía y en Cataluña a través de sus consejos audiovisuales llevan mucho camino andado para erradicar este negocio fraudulento, además de pernicioso para la infancia, frente a otras administraciones que han ofrecido una respuesta más débil al problema tras la implantación de la TDT en España.
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